"No me interesa si la ofensiva legislativa contra la delincuencia que el gobierno está realizando es una mera estrategia electoral o si es una tapadera contra los fallos de gestión en la catástrofe del Prestige o contra los mediocres resultados económicos o si, en el mejor de los casos, es el cumplimieto tardío de algunas promesas electorales del pasado. Me interesan, entre todas las modificaciones del código penal de 1995 que se proponen, dos que me llaman la atención aunque no sean las más importantes y, más en general, la actitud del ministro de Justicia Michavila, y el propio Aznar que parecen querer convencernos de que las medidas que anuncian son de sentido común. En una breve serie de tres artículos pretendo explorar superficialmente los extremos mencionados."